Inmigración en Europa

“Inmigración en Europa”
por Gina Zabludovsky
publicado originalmente en Periódico Uno más Uno
México, sábado 1 de junio, 1991.

La importancia de la inmigración laboral en Europa (en 1985, residían en la Comunidad Europea más de 12 millones de inmigrantes de los cuales la mitad no era de origen europeo y 2 millones 0 3 millones eran ilegales) y las diferentes reacciones que ésta ha provocado en las distintas naciones han creado preocupación entre algunos sectores que advierten síntomas de una nueva forma de discriminación. Uno de los números recientes de la Revista Internacional de Sociología, de diciembre de 1990, incluye varios artículos que analizan esta temática. Por su relevancia para la comprensión de la situación actual, considero conveniente comentar la información proporcionada por esta publicación.
Para estudiar las diferentes formas de discriminación, el investigador Salon Arditis, de la Universidad de Bélgica, propone dos tipos de criterios: 1) la distinción entre los inmigrantes que provienen de los países pertenecientes a la Comunidad Económica (CE) y los que proceden de otras regiones, 2) la diferenciación entre la discriminación “institucional” que se deriva de la violación a las leyes y las reglas existentes de aquella que se manifiesta en el ámbito privado y que se da de forma espontánea.
Según el autor, las formas de discriminación hacia algunos inmigrantes provenientes de países miembros de la CE se relaciona con la violación a las leyes y normas existentes y es consecuentemente de tipo “institucional”; se les niega el acceso a ciertas actividades; no se les reconocen los estudios o la preparación profesional; se les limita el número de años del permiso de residencia por debajo de los cinco años establecidos legalmente por las regulaciones de la CE.
En lo que respecta a la inmigración proveniente de otras regiones, se dan muchísimos casos de discriminación por incumplimiento de las leyes. Sin embargo, no hay datos confiables sobre estas violaciones. La propia inseguridad legal y económica de estos inmigrantes y el desconocimiento que tienen de sus propios derechos explica que sólo en muy contadas ocasiones los denuncien. Sin embargo, pueden considerarse como prácticas relacionadas con este tipo de discriminación las siguientes: 1) la negativa a otorgar permiso laboral a los padres cuyos hijos nazcan en el país de origen; 2) la restricción para el ingreso de los hijos de inmigrantes en las escuelas públicas; 3) la prolongación por un periodo de 12 meses de juicio antes de otorgar permisos de residencia a las cónyuges de los inmigrantes y 4) las pruebas compulsivas para detectar el sida en los estudiantes provenientes de África, etcétera.
Pero más allá de estas formas “institucionales”, la segregación hacia las comunidades de origen no europeo se manifiesta en la forma de hostilidad de carácter “privado” y relativamente espontánea, restricción al acceso a ciertos lugares públicos, agresiones físicas y verbales, etcétera.
A menudo, el fenómeno discriminatorio se atribuye a las reacciones negativas que la población del país ha mostrado frente a la voluntad de las minorías para conservar sus propios valores culturales. Sin embargo, en opinión de  Arditis, la hipótesis contraria es más verídica: el reforzamiento de la identidad cultural de origen es, en gran medida, una reacción al ambiente adverso que suele rodear a las poblaciones de inmigrantes.
El debate que se ha dado ante esta situación cobra especial interés ante las posibilidades de integración que tienen las segundas generaciones de inmigrantes. La lucha que, a partir de mediados de los 80, muchas de ellas han llevado a cabo para preservar su doble identidad cultural abre una nueva dimensión a las cuestiones de nacionalidad y ciudadanía y a las distintas concepciones que sobre éstas se tienen en diferentes países europeos.
Sobre este tema, en un interesante artículo de la misma revista, el profesor de la Universidad de Harvard, Roger Brubacker, analizar los mecanismos para obtener la naturalización y la ciudadanía y explica cómo mientras en algunos países ―como Suiza y Alemania― ésta se concibe como un privilegio otorgado a ciertos individuos, entre otros, ―como Canadá y Suecia― se considera como un derecho que debe aplicarse a todo aquel que cumpla con ciertas condiciones.
Las diferencias entre estas concepciones ayuda a explicar por ejemplo por qué, comparadas con las de Alemania, las tasas de naturalización de los estudiantes extranjeros son cuatro veces más altas en Francia, 10 veces más altas en Estados Unidos, 15 veces más altas en Suecia y aproximadamente 20 más en Canadá.
Concentrándonos nuevamente en la realidad europea, es interesante contrastar la situación de Francia con la de Alemania. Mientras que en el primera país la ciudadanía se define en términos políticos en el segundo se concibe en un sentido étnico ―cultural como una comunidad de descendencia―, de allí que sean considerados ciudadanos todos los alemanes que se encuentren en diferentes partes del mundo. Mientras la ley alemana de ciudadanía no concede importancia al hecho de haber nacido en el territorio, la ley francesa otorga la ciudadanía a la segunda generación de inmigrantes nacidos en el país y les reconoce así sus derechos políticos y cívicos (los inmigrantes se naturalizan o se convierten en ciudadanos con una frecuencia 10 veces mayor en Francia que en Alemania).
Desde luego, esto no implica que al transformar a los inmigrantes en ciudadanos, Francia haya resuelto los problemas de integración de las minorías. La situación social, económica y cultural de éstas es, en muchos sentidos, similar en ambos países.
Sería importante evaluar las diferencias y semejanzas que en torno a estas cuestiones tienen los diferentes Estados para la mejor comprensión de los problemas relacionados con la inmigración, discriminación y naturalización en la Europa que se acerca a 1982.

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