Gina Zabludovsky Kuper

Publicado originalmente en: http://www.lasillarota.com (19 de octubre de 2012)

Los recientes datos  del INEGI en torno a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2011, muestran que, para los mexicanos (as),  la corrupción es una parte endémica de nuestro sistema político  ya que  son muchos(as)  los que declaran haber tenido que recurrir de forma “muy frecuente“   a la mordida para solicitar un servicio o realizar cualquier tipo de trámite.

¿Cómo es posible que este mal persevere a pesar de la alternancia política que hemos vivido durante los últimos años?  ¿Cómo explicar que sigamos padeciendo a la corrupción y la falta de transparencia como un mal que perdura?

Esta situación  parece ser compartida con otros países de América Latina, que pese a haber transitado de forma más o menos exitosa hacia la democracia, todavía no se han podido desechar las prácticas  de soborno y de cohecho que se viven como padecimientos cotidianos.

Para tratar de responder a esta preguntas, conviene re-leer  algunos textos que han abordado estas inquietudes a la luz de las definiciones proporcionadas por la sociología y la ciencia política. En esta ocasión comentaré un artículo publicado por  Sebastián  Mazzuca  en el 2002 bajo el título  “¿Democratización o burocratización? Inestabilidad del acceso al poder y estabilidad del ejercicio del poder en América Latina”.

En este trabajo, el autor aborda la alarmante realidad en la que vivimos. A  pesar de los proceso de democratización  que han caracterizado a la región, en una gran parte de los países, el sistema sigue operando a  partir del  intercambio  de favores con los poderosos locales,  el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, la  alianza entre las fuerzas policiales y un sinnúmero de relaciones clientelares y de amiguismo .

Para  explicar lo que podría ser una aparente contradicción entre corrupción y democratización,  Mazzuca  introduce una interesante propuesta conceptual  basada en la distinción entre el acceso yejercicio del poder como dos elementos clave para el entendimiento de todo régimen político.   A su juicio, la falta de diferenciación entre estas dos esferas ha llevado a muchos analistas a suponer que  las transiciones – que tienen que ver con las formas democráticas de acceder al poder- van a llevar a priori, a la profesionalización de las fuerzas de seguridad , la eliminación de la corrupción y del clientelismo ,  y otros factores que tienen que ver más bien con un ejercicio del poder que aún descansa en una dominación de carácter tradicional y patrimonial de acuerdo a las conocidas definiciones  proporcionara a principios del S XX el sociólogo alemán Max Weber.

Mazzuca considera como un  el error básico de interpretación de la literatura política sobre  América Latina el  presentar bajo un mismo rótulo  y  agrupar  bajo un mismo género  los  problemas de  ejercicio o calidad  democrática con los de acceso o transición, perdiendo así de vista que no es lo mismo tratar de explicar cómo  se llega al poder político que cómo se actúa cuando uno ya está allí.

Los    factores de acceso al poder se  vinculan directamente con la vida democrática y la existencia de elecciones regulares, libres, competitivas e incluyentes. Pero  estas no necesariamente  predicen  cómo se ejercerá el poder ni  tampoco han podido asegurar que  se acabe con la corrupción,  el nepotismo,   y la colusión  entre las fuerzas de seguridad y organizaciones criminales.

Esta  confusión entre  el acceso del poder  y el  ejercicio del mismo suele llevar a  serias  consecuencias teóricas y  políticas y  a la ineficiencia de muchas medidas que se ponen en práctica. Mientras la dicotomía “Autoritarismo vs. Democracia” ha sido útil para distinguir a los regímenes políticos  en lo relacionado con la dimensión de acceso,  la distinción  patrimonialismo vs legalidad racional es la que puede ser más afín para abordar los problemas del ejercicio.

En este sentido convendría que nos preguntáramos hasta qué punto nuestros sistemas políticos  son verdaderamente modernos y hasta donde responden a rezagos del pasado. Lejos de  poner el énfasis en   eficacia y la planificación  racional, la función pública  todavía suele ejercerse como un patrimonio privado.  En sus peores manifestaciones, y con el mayor de los cinismos, no es raro encontrarnos con expresiones que vean en el alto grado de corrupción prevaleciente   una especie de  aceite necesario para engrasar  la maquinaria política y hacer que  siga funcionando.